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Caracas, 10 jun (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la transnacional SLB (anteriormente Schlumberger) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para el desarrollo de "tecnología de vanguardia" en la exploración, perforación y optimización de yacimientos petroleros y de gas en el país.
El acuerdo fue suscrito en un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante el que el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, destacó la oportunidad de generar tecnología para la "excelencia en la producción, en la perforación y en los diferentes tipos de colaboraciones digitales, utilizando, incluso, la inteligencia artificial".
PDVSA y Schlumberger Venezuela acuerdan alianza estratégica sobre hidrocarburos
La empresa es la proveedora de servicios petroleros más grande del mundo y líder global en tecnología. Aportará en el desarrollo de pozos y procesamiento de materias primas
La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro este miércoles en el Palacio de Miraflores con el director ejecutivo de la multinacional de servicios petroleros Schlumberger Limited, Olivier Le Peuch, con el propósito de formalizar una alianza estratégica mediante la firma de un memorándum de entendimiento.
Este acuerdo tiene como propósito fundamental concretar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero y gasífero, impulsando la transferencia de tecnología de vanguardia para la exploración, perforación y optimización de yacimientos en el país.
La referida empresa es reconocida como la proveedora de servicios petroleros más grande del mundo y líder mundial en tecnología para el sector. Aportará su capacidad integral en desarrollo de pozos y procesamiento de materias primas, contribuyendo así a la meta nacional de consolidar a Venezuela como una potencia energética global.
De acuerdo con Prensa Presidencial, esta alianza se extiende al potencial minero del país, sector que también presenta numerosas oportunidades bajo el marco de la Ley de Minas, ratificando el compromiso del Ejecutivo Nacional de abrir las puertas a capitales extranjeros para el aprovechamiento responsable de las vastas riquezas nacionales, acelerar el desarrollo del país y contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población.
La firma de este tipo de acuerdos se inscribe en una estrategia nacional para potenciar el sector hidrocarburos en el contexto de un modelo productivo diversificado y de una batalla política, diplomática y popular para que se eliminen las sanciones imperialistas.
Como hitos de la relación de Venezuela con empresas líderes en este ámbito, durante los últimos meses, se pueden mencionar la firma el 13 de abril pasado de un acuerdo estratégico de intercambio de activos energéticos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa estadounidense Chevron. Este contempla el traspaso de una licencia en un campo de gas a cambio de la incorporación del campo petrolero Ayacucho 8 a la producción de la empresa mixta venezolana PetroPiar.
El 28 de abril se produjo la firma de una hoja de términos con la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI) para el desarrollo de actividades primarias en el área Junín 5, perteneciente a la Faja Petrolífera del Orinoco.
Dos jornadas después, el 30 de abril, PDVSA firmó acuerdos con las empresas Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding. Estas alianzas estratégicas proyectan inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares en los sectores de petróleo, gas y minería, y buscan consolidar la participación de capitales internacionales a través de empresas mixtas en el sector, aplicando una fórmula de beneficio compartido.
Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo y otros entes de la institucionalidad venezolana se ha reiterado a los EE.UU. la exigencia de eliminar todas las medidas restrictivas unilaterales —más de mil— activas contra el país. El Gobierno Bolivariano ha fijado su clara posición de que el cese de la guerra económica no supone un regalo para Venezuela, sino un derecho legítimo para desarrollar la nación y legar a las jóvenes generaciones un país próspero, en paz y con felicidad.
La caja negra de Pdvsa: nadie quería ver el mapa completo
La desestimación del caso Helsinge en Estados Unidos (EE UU) no eliminó las pruebas. Discos duros, registros financieros y transferencias bancarias siguieron circulando entre fiscales europeos, bancos y litigios cruzados, donde operadores, abogados y estructuras políticas enfrentadas intentaban impedir que todas las piezas terminaran unidas
La demanda fue desestimada en Estados Unidos antes de que el tribunal llegara a reconstruir judicialmente el sistema de acceso privilegiado a información interna de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), descrito durante años dentro del expediente Helsinge. El dinero seguía atrapado en otras jurisdicciones, los discos duros continuaban circulando entre fiscales y especialistas forenses, y las transferencias bancarias aparecían en investigaciones financieras abiertas lejos de Miami. La desestimación del caso por el juez Darrin P. Gayles, que antes recomendó la magistrada Alicia M. Otazo-Reyes, no cerró el caso; lo dispersó.
La corte nunca concluyó que las transferencias, los chats o las estructuras reconstruidas alrededor de Helsinge fueran necesariamente falsas. Tampoco desmanteló el núcleo factual del expediente construido durante años a partir de discos duros, registros bancarios y comunicaciones internas de la petrolera. Gayles desplazó el centro del caso hacia otro problema: si el Pdvsa US Litigation Trust tenía legitimidad jurídica suficiente para demandar en nombre de la estatal venezolana.
El expediente se dispersa
En Estados Unidos el expediente comenzó a desarmarse al generar debates procesales cada vez más abstractos. En Suiza, el problema seguía muy concreto: transferencias, beneficiarios finales, rutas bancarias y fondos inmovilizados. Especialistas financieros intentaban reconstruir cómo operaciones vinculadas a Pdvsa habían penetrado en el sistema financiero internacional utilizando sociedades registradas en múltiples jurisdicciones.
Las revisiones de cumplimiento abiertas en Europa alrededor de esas operaciones producían retrasos, solicitudes documentales y controles adicionales sobre sociedades que durante años habían operado dentro de zonas grises del comercio energético internacional. Algunas cuentas quedaron bajo revisión; otras terminaron bloqueadas temporalmente mientras fiscales y especialistas financieros intentaban reconstruir cadenas completas de transferencias de Helsinge.
El negocio dependía de mover dinero entre jurisdicciones antes de que aparecieran controles regulatorios, investigaciones judiciales o sanciones capaces de congelar operaciones multimillonarias. Surgieron sistemas internos de vigilancia bancaria construidos para detectar operaciones de alto riesgo de corrupción internacional y lavado de dinero.
Después del cierre del juicio en Florida, el nombre de Helsinge continuaba apareciendo en transferencias, estructuras societarias y discusiones judiciales distribuidas entre distintas jurisdicciones. Pero el expediente no giraba únicamente alrededor de la empresa de Francisco Morillo, Leonardo Baquero y Daniel Lutz; se expandía a la red internacional construida durante años alrededor de Pdvsa, traders globales, intermediarios privados y estructuras financieras que operaban dentro de sistemas deliberadamente opacos. Correos, chats, cronogramas de carga, registros bancarios, conversaciones internas de Pdvsa y transferencias distribuidas entre Panamá, Suiza, Miami y el Caribe formaban parte del entramado.
Las conexiones sobreviven
Algunos operadores dejaron de aparecer públicamente alrededor del expediente. Otros cambiaron de jurisdicción, reorganizaron compañías o utilizaron nuevas estructuras societarias para mantener operaciones en el mercado energético internacional lejos de cualquier exposición innecesaria. Relaciones construidas durante años alrededor de Pdvsa empezaron a fragmentarse bajo presión financiera, controles regulatorios y litigios cruzados distribuidos entre varias cortes y sistemas bancarios. Pero las conexiones no desaparecían completamente; simplemente se decoloraban.
Algunas sociedades dejaban de utilizarse mientras aparecían otras registradas en jurisdicciones distintas. Algunos intermediarios financieros abandonaban operaciones sensibles y nuevos operadores ocupaban espacios vacíos dentro de circuitos comerciales que seguían moviendo millones de dólares alrededor del petróleo venezolano, incluso bajo sanciones y vigilancia internacional creciente.
Bufetes especializados en recuperación de activos venezolanos, firmas de arbitraje internacional y operadores asociados a litigation finance se expandieron alrededor de litigios relacionados con Pdvsa, Citgo y activos congelados bajo sanciones estadounidenses.
El caso Helsinge avanzaba y el colapso institucional venezolano producía demandas judiciales, oportunidades financieras y nuevas estructuras privadas que administraban activos, reclamaciones o dinero retenido en jurisdicciones extranjeras.
Las autoridades suizas terminaron liberando aproximadamente 80 millones de dólares de Helsinge después de años de investigaciones financieras y medidas cautelares sobre fondos relacionados con operadores petroleros venezolanos.
Tampoco se resolvieron las preguntas centrales que atravesaban el expediente desde Aruba hasta Europa: quién había controlado realmente las operaciones sospechosas alrededor de Pdvsa, cómo circuló durante años información sensible de la petrolera venezolana y por qué resultaba tan difícil reunir todas las piezas dentro de una sola reconstrucción judicial.
Abogados cercanos a los operadores demandados sostenían que las estructuras creadas durante el interinato de Juan Guaidó —incluido el Pdvsa US Litigation Trust defendido por David Boies— estaban jurídicamente contaminadas desde el origen. Para fiscales financieros europeos, en cambio, el problema seguía siendo las transferencias, las sociedades offshore, los beneficiarios finales y los movimientos bancarios de operaciones en torno a Pdvsa que dejaban rastros verificables en el sistema financiero internacional.
Algunas defensas intentaban desplazar la discusión hacia la representación estatal y la legitimidad corporativa; los investigadores financieros seguían reconstruyendo cadenas de pagos, cronogramas de operaciones y relaciones entre compañías utilizadas para mover dinero alrededor del mercado petrolero venezolano.
Ninguna de las partes se interesaba en que todas terminaran conectándose en una misma reconstrucción judicial. Traders internacionales necesitaban limitar el caso a irregularidades aisladas dentro de un mercado históricamente opaco. Sectores del interinato necesitaban preservar la legitimidad de las estructuras creadas para gestionar activos venezolanos en el exterior. El chavismo denunciaba el trust como un mecanismo de apropiación internacional, pero evitaba abrir investigaciones capaces de reconstruir el funcionamiento de las redes que habían saqueado a Pdvsa durante años.
Dentro de las defensas aparecieron tensiones. Operadores que inicialmente compartían intereses comunes separaron estrategias, disputaron versiones y protegieron áreas distintas del expediente. Algunos necesitaban desacreditar completamente el trust; otros concentraban esfuerzos en limitar responsabilidades financieras específicas. Un tercer grupo intentaba impedir que las comunicaciones internas de Pdvsa terminaran conectándose directamente con operaciones internacionales todavía activas dentro del mercado energético.
El negocio migra
Bancos europeos endurecieron los controles sobre operaciones relacionadas con Pdvsa, Helsinge y operadores mencionados dentro del expediente. Algunas transferencias quedaron bloqueadas y otras fueron sometidas a revisiones documentales que antes no existían. El problema para las entidades financieras ya no era político; era regulatorio.
No porque existiera una decisión coordinada para llegar al fondo del caso, sino porque demasiados actores empezaban a apartarse de las consecuencias si algunas piezas empresariales o políticos adversarios aparecían juntos en el mapa financiero y judicial.
A medida que los controles financieros se endurecían, el negocio petrolero venezolano se desplazó hacia esquemas más opacos. Nuevos intermediarios aparecieron alrededor de cargamentos sometidos a sanciones, compañías recién registradas ocupaban espacios abandonados por operadores expuestos y ciertas rutas financieras migraron a jurisdicciones menos sensibles a presiones regulatorias occidentales. El mercado no desaparecía; operaba bajo otras condiciones.
Muchas operaciones que aparecían en el expediente Helsinge no existían de manera aislada. Formaban parte de un ecosistema mucho más amplio. Traders internacionales, operadores marítimos, intermediarios financieros y estructuras privadas, clientes o proveedores de Pdvsa, trabajaban dentro de zonas deliberadamente grises del comercio energético global: contratos fragmentados, sociedades utilizadas temporalmente y pagos distribuidos entre varias jurisdicciones. Empresas que desaparecían después de algunas operaciones y otras que ocupaban el mismo espacio.
Una transferencia llevaba a otra sociedad; un correo electrónico conectaba con operadores distintos. Un cronograma de carga coincidía con movimientos bancarios distribuidos entre Panamá y Europa. Los discos duros extraídos de Aruba seguían produciendo material útil años después.
Nadie quería unir las piezas
La posición de algunos intermediarios entró en una fase delicada. Cuando bancos, fiscales y abogados revisaron retrospectivamente, algunas de las redes mostraban fracturas internas. La presión cayó entonces sobre las comunicaciones. Abogados revisaban con enorme cuidado correos, chats y registros operativos que se incorporaban al expediente. Ya no se trataba de determinar irregularidades alrededor de licitaciones o cargamentos petroleros. El verdadero riesgo consistía en que comunicaciones dispersas terminaran conectando simultáneamente a traders internacionales, operadores privados, estructuras financieras y relaciones políticas que habían funcionado porque no aparecían juntas en la foto.
Bufetes especializados en recuperación de activos, acreedores internacionales, firmas interesadas en arbitrajes y operadores en litigación integraron un mismo ecosistema construido sobre sanciones, litigios, petróleo y activos estatales fragmentados entre varias jurisdicciones. Helsinge no era únicamente un juicio sobre acceso privilegiado a información interna de Pdvsa; también se convertía en una ventana que mostraba cómo el colapso petrolero venezolano había producido un mercado internacional donde abogados, financistas, traders, operadores políticos y estructuras privadas se disputaban dinero, activos y presunta legitimidad.
En Suiza, las investigaciones de fiscales y bancos avanzaban sobre personas concretas. El sistema suizo no necesitaba grandes declaraciones públicas para destruir financieramente a operadores atrapados en investigaciones por lavado de dinero o corrupción internacional. Solicitudes documentales y reconstrucciones financieras avanzaban entre fiscales especializados y bancos acostumbrados a proteger su reputación a través de la discreción, la trazabilidad y el control obsesivo sobre movimientos de dinero internacional.
Los bancos reaccionan
Algunos operadores tuvieron bienes congelados durante años. Otros, sin una condena definitiva, quedaron sometidos a interrogatorios, restricciones patrimoniales o revisiones bancarias que paralizaban operaciones internacionales. El sistema suizo no necesita producir grandes declaraciones públicas para destrozar la vida financiera de los atrapados en investigaciones por lavado de dinero, corrupción internacional o movimientos sospechosos de capital.
El tiempo se convirtió en un mecanismo de presión. Algunas investigaciones avanzaban lentamente. Durante años, operadores, abogados y estructuras financieras permanecían atrapados entre medidas cautelares, revisiones regulatorias y disputas judiciales abiertas en varios países para que demostraran el origen legítimo de transferencias de estructuras utilizadas para comerciar con Pdvsa.
Detrás de las discusiones sobre trusts, legitimidad corporativa y representación estatal había dinero retenido, bienes comprometidos y personas sometidas a presión financiera y judicial real. Algunas defensas incluyeron la lentitud en su estrategia. Cada año adicional sin un juicio claro permitía cuestionar pruebas, fragmentar responsabilidades y desplazar la discusión hacia procedimientos, jurisdicciones o disputas técnicas alrededor de la legitimidad de determinadas investigaciones financieras. El expediente seguía creciendo, pero también se volvía más difícil de ordenar dentro de una sola narrativa judicial coherente.
Los fiscales suizos trabajaban bajo otra lógica: menos declaraciones públicas y menos discursos sobre legitimidad democrática o representación estatal; más reconstrucción financiera paciente, más trazabilidad y más presión documental sobre estructuras acostumbradas a operar precisamente gracias a la dispersión internacional de sus movimientos. Aparecieron tensiones entre los operadores. Unos necesitaban recuperar fondos congelados; otros intentaban evitar que algunas operaciones terminaran conectadas con actividades grises. Un tercer sector buscaba limitar daños reputacionales antes de que las entidades bancarias endurecieran más sus controles internos.
Los bancos seguían las operaciones relacionadas con petróleo venezolano, intermediarios marítimos y compañías registradas en jurisdicciones utilizadas históricamente para mover dinero alrededor de Pdvsa. Solicitudes documentales que se resolvían en segundos se convirtieron en procesos largos y exhaustivos.
No existía una conspiración para impedir el juicio, sino que demasiado intereses distintos aparecían relacionados con las mismas estructuras financieras, los mismos operadores y los mismos circuitos grises.
Los fiscales podían verificar transferencias específicas, reconstruir cronogramas de carga y rastrear sociedades utilizadas para mover dinero alrededor de Pdvsa. El problema empezaba cuando esas piezas amenazaban con conectar simultáneamente a traders internacionales, operadores privados, estructuras políticas y bancos sensibles a riesgos reputacionales. El expediente dejaba de ser únicamente judicial.
El tiempo como presión
Con el paso de los años, el expediente empezó a producir otro efecto menos visible pero igual de importante: obligó a distintos actores internacionales a decidir hasta dónde estaban realmente dispuestos a mirar.
Seguir completamente el rastro financiero implicaba atravesar demasiadas zonas sensibles al mismo tiempo: no solo operaciones alrededor de Pdvsa, sino también relaciones históricas entre traders globales y estructuras estatales venezolanas, mecanismos utilizados para mover petróleo bajo sanciones, bancos que durante años procesaron transferencias de negocio energético venezolano y redes privadas acostumbradas a operar dentro de jurisdicciones donde la opacidad financiera era la normalidad del sistema. Nadie parecía interesado en cargar con el sistema completo.
Los fiscales suizos podían seguir una cadena bancaria determinada. Los tribunales estadounidenses podían discutir la legitimidad corporativa y la representación estatal. Los bancos podían bloquear operaciones sospechosas o endurecer controles internos. Pero reunir simultáneamente todas las piezas implicaba algo mucho más difícil: aceptar que durante años el negocio petrolero venezolano había funcionado a través de una superposición de intereses privados, estructuras estatales degradadas, operadores internacionales y mecanismos financieros que no pertenecían completamente a una sola jurisdicción ni a un solo actor político.
Los fiscales suizos podían seguir una cadena bancaria determinada, los tribunales estadounidenses discutían la legitimidad corporativa y la representación estatal, y los bancos endurecían controles internos y bloqueaban operaciones sospechosas. Sin embargo, unir simultáneamente todas las piezas implicaba aceptar algo mucho más incómodo: que durante años el negocio petrolero venezolano había funcionado a través de operadores privados, estructuras estatales degradadas y mecanismos financieros distribuidos entre múltiples jurisdicciones. La presión financiera terminó bajando desde las estructuras hacia las personas.
Algunos operadores terminaron descubriendo que el verdadero problema no era enfrentar un litigio largo o responder preguntas de fiscales europeos. El problema era recuperar el acceso a dinero inmovilizado durante años, sostener compañías que dependían de cuentas sometidas a revisión constante y sobrevivir dentro de un sistema bancario internacional que ya miraba cualquier operación asociada a Pdvsa como un riesgo potencial.
Abogados negociando durante meses para desbloquear transferencias retenidas, operadores vendiendo activos para sostener defensas jurídicas abiertas simultáneamente en varias jurisdicciones y familias enfrentando investigaciones patrimoniales que avanzaban mucho más lento que el deterioro financiero producido por las medidas cautelares delineaban el panorama. El castigo no provenía de sentencias definitivas; provenía de la espera.
Algunos intermediarios dejaron de responder llamadas. Otros se distanciaron de operaciones singulares o negaron vínculos conocidos por todos dentro del mercado. Determinados operadores marítimos desaparecieron de rutas sensibles. Algunas compañías dejaron de existir después de perder acceso bancario o quedar atrapadas entre investigaciones financieras abiertas en varios países. Fondos retenidos y cuentas congeladas marcaron la pauta.
En algunos casos, fiscales europeos trabajaban sobre operaciones ocurridas mucho antes de que muchas personas entendieran que terminarían atrapadas dentro de investigaciones internacionales por lavado de dinero o corrupción petrolera.
Había operadores esperando decisiones bancarias durante meses sin saber si recuperarían el acceso a fondos esenciales para mantener compañías todavía activas. Otros seguían litigando para evitar que ciertas transferencias terminaran asociadas judicialmente con estructuras bajo sospecha. Algunos intentaban reorganizar el patrimonio y las relaciones corporativas antes de que nuevas conexiones aparecieran dentro del expediente Helsinge.
El expediente deja de ser judicial
Los reacomodos ocurrían lejos de las cortes: oficinas jurídicas, departamentos de cumplimiento financiero y negociaciones privadas donde operadores y abogados intentaban contener daños patrimoniales, bancarios y reputacionales que seguían creciendo años después de las primeras investigaciones.
Los discos duros extraídos de Aruba seguían allí. Años después, fiscales y especialistas financieros continuaban revisando fragmentos de conversaciones, registros bancarios y comunicaciones operativas que reabrían conexiones que algunos creían enterradas.
Después de años de litigios, cuentas congeladas e investigaciones financieras abiertas en varias jurisdicciones, algunos operadores contraatacaron.
Las defensas argumentaron que el problema ya no era únicamente lo ocurrido alrededor de Pdvsa y Helsinge, sino también la manera en que el caso había sido construido y financiado.
Algunos operadores intentaron estrategias destinadas a transformar años de litigios, cuentas congeladas y exposición pública en futuras reclamaciones multimillonarias contra estructuras asociadas al trust y a las demandas impulsadas durante el interinato. Las mismas pruebas eran reinterpretadas bajo otra lógica.
Abogados defensores ya no discutían solamente transferencias específicas o conversaciones incorporadas al expediente. También cuestionaban el origen de ciertas investigaciones, la validez jurídica de estructuras creadas para litigar en nombre de Pdvsa y la utilización de información obtenida a través de conflictos privados incubados durante años dentro del propio negocio petrolero venezolano.
Ahora algunas defensas intentaban invertir esa narrativa.
Durante años, el expediente había presentado a Helsinge y a determinados operadores petroleros como beneficiarios de estructuras opacas construidas alrededor del acceso privilegiado a información interna de Pdvsa. Ahora algunas defensas intentaban invertir parcialmente esa narrativa: trusts políticamente contaminados, disputas corporativas derivadas del interinato, litigios financiados alrededor de expectativas multimillonarias y estructuras privadas interesadas en controlar futuras recuperaciones venezolanas
Abogados, operadores y estructuras vinculadas al interinato empezaron a disputar quién hablaba realmente en nombre de Pdvsa, quién financiaba las acciones judiciales y quién esperaba controlar futuras indemnizaciones multimillonarias.
Fiscales europeos revisaban transferencias y los bancos endurecían controles sobre operaciones vinculadas a Pdvsa. En paralelo, abogados y operadores privados preparaban una nueva etapa de litigios cruzados donde antiguos acusados intentaban reposicionarse como víctimas de un expediente contaminado por disputas políticas, financiamiento jurídico y conflictos alrededor del trust. Nada de eso eliminaba los discos duros, los registros financieros o las conversaciones internas incorporadas durante años al expediente.
Pero sí alteraba otra vez la pregunta central: ya no se discutía solamente qué había ocurrido alrededor de Helsinge; también empezaba a discutirse quién tenía derecho a contar esa historia, administrarla judicialmente y beneficiarse de sus consecuencias financieras internacionales.
Algunas defensas sostenían que alrededor del caso se había construido una estructura donde el litigio, el financiamiento jurídico y las expectativas de recuperación multimillonaria se mezclaron de maneras cada vez más difíciles de separar. El trust ya no aparecía únicamente como un mecanismo diseñado para perseguir activos de la corrupción petrolera; también se presentaba como una estructura capaz de administrar dinero potencial, negociar reclamaciones internacionales y controlar litigios construidos alrededor de activos venezolanos atrapados entre sanciones y acreedores.
Mientras públicamente el caso seguía presentándose como una investigación destinada a recuperar dinero derivado del saqueo de Pdvsa, en privado crecían preguntas mucho más incómodas alrededor de honorarios, acuerdos de financiamiento, participación en recoveries y control futuro de cualquier indemnización multimillonaria. El litigio ya no enfrentaba únicamente a fiscales, traders y operadores petroleros; también involucraba a bufetes especializados en arbitrajes, litigation finance y recuperación internacional de activos venezolanos.
La contraofensiva aprovechaba precisamente esa ambigüedad. Las mismas pruebas empezaban a utilizarse con objetivos distintos; dependía de la jurisdicción, el interés político o la estrategia jurídica de cada actor involucrado.
No necesitaba borrar completamente las transferencias, los chats o las rutas financieras reconstruidas durante años. Bastaba con instalar otra duda: si el expediente había sido empujado deliberadamente por actores que también esperaban beneficiarse económica o políticamente de sus consecuencias.
El sistema completo
Las estructuras jurídicas creadas para perseguir activos venezolanos en el exterior empezaban ahora a ser examinadas como el problema. Algunos operadores financieros y abogados defensores comenzaron a argumentar que el litigio había terminado contaminado por intereses cruzados imposibles de separar.
Las investigaciones financieras continuaban. Los fiscales europeos seguían revisando transferencias y estructuras offshore. Los bancos mantenían controles sobre operaciones vinculadas al expediente. Y los discos duros extraídos de Aruba seguían produciendo material útil años después de haber sido incorporados al caso.
Demasiados actores seguían necesitando impedir que sus conexiones aparecieran juntas dentro de una misma investigación. Y alrededor de todos ellos seguían moviéndose abogados, bancos, financistas y operadores privados acostumbrados a sobrevivir precisamente dentro de sistemas donde la verdad completa casi nunca aparece concentrada en un solo lugar.
El expediente Helsinge empezó a amenazar con conectar a traders internacionales, operadores privados, estructuras del chavismo, mecanismos creados durante el interinato y redes financieras acostumbradas a operar alrededor de Pdvsa bajo condiciones de opacidad estructural.
Los operadores privados necesitaban limitar daños. Los bancos necesitaban protegerse. Las estructuras políticas venezolanas enfrentadas entre sí necesitaban preservar legitimidades incompatibles. Los abogados defendían estrategias distintas según la jurisdicción y el interés de sus clientes. Incluso dentro de las investigaciones financieras internacionales empezaban a aparecer límites prácticos sobre hasta dónde podía avanzarse sin tocar zonas demasiado sensibles del sistema financiero y petrolero construido durante años alrededor de Venezuela.
La evidencia seguía existiendo. Los discos duros seguían allí. Pero mientras más cerca parecía estar la posibilidad de reconstruir completamente el mapa, más actores distintos comenzaban a empujar deliberadamente el expediente hacia zonas fragmentadas, parciales o procesalmente manejables.
Algunos operadores que comerciaban petróleo venezolano movieron patrimonio, sustituyeron compañías y rediseñaron estructuras corporativas antes de que nuevas conexiones aparecieran dentro de investigaciones abiertas en Europa y Estados Unidos. Un sector de las sociedades utilizadas alrededor de operaciones sensibles desapareció. Otras cambiaron de jurisdicción, de accionistas o de representación legal mientras abogados especializados en protección patrimonial intentaban aislar activos que todavía podían quedar expuestos a futuras reclamaciones judiciales.
Había operadores negociando durante meses para recuperar el acceso a cuentas congeladas. Empresas tratando de demostrar ante bancos europeos que transferencias sospechosas no estaban vinculadas a estructuras bajo sospecha. Abogados revisaban contratos antiguos para anticipar posibles litigios derivados de operaciones realizadas años atrás alrededor de Pdvsa. Algunas defensas se concentraron menos en el pasado y más en algo más urgente: impedir que el futuro financiero de una compañía quedara permanentemente contaminado por el expediente Helsinge.
La presión también se sentía dentro del propio mercado energético. Determinados intermediarios dejaron de aparecer alrededor de cargamentos venezolanos. Algunas rutas comerciales cambiaron discretamente de operadores. Compañías acostumbradas a trabajar durante años dentro de zonas grises del comercio petrolero decidieron exigir más documentación, más garantías y más distancia formal respecto de estructuras expuestas judicialmente. Nadie quería quedar demasiado cerca del expediente si nuevas investigaciones financieras seguían avanzando.
Aplicaban nuevas formas de reorganizarse alrededor de sanciones, controles bancarios y litigios internacionales cada vez más complejos. Nuevos intermediarios ocupaban espacios abandonados por operadores expuestos. Empresas recién creadas aparecían alrededor de cargamentos sensibles. Las operaciones migraban hacia jurisdicciones menos agresivas frente a riesgos reputacionales vinculados a Venezuela.
Los abogados seguían moviéndose entre varias capas del mismo conflicto. En unas cortes discutían la legitimidad corporativa y la representación estatal. En otras intentaban desbloquear fondos retenidos durante años. En paralelo, estructuras privadas que se dedican a recovery claims, arbitrajes y financiamiento jurídico seguían creciendo alrededor de activos venezolanos atrapados entre sanciones, acreedores y disputas internacionales sobre quién tenía realmente derecho a representarlos
Los discos duros extraídos de Aruba seguían existiendo. Las transferencias continuaban apareciendo dentro de investigaciones financieras distribuidas entre varias jurisdicciones. Los chats, correos y cronogramas de carga seguían ofreciendo fragmentos de un sistema construido durante años alrededor de información sensible de Pdvsa, traders internacionales y estructuras privadas acostumbradas a operar dentro de la opacidad.
Pero a esas alturas el caso ya había dejado de ser solamente una investigación sobre corrupción petrolera.
También se había convertido en un campo de disputa donde abogados, operadores financieros, fiscales, bancos, acreedores y estructuras políticas enfrentadas entre sí intentaban administrar las consecuencias de una verdad que demasiados actores parecían dispuestos a fragmentar antes de permitir que apareciera completa dentro de una sola jurisdicción.
Las investigaciones continuaban abiertas. Algunas transferencias seguían bajo revisión. Determinados bienes permanecían atrapados entre medidas cautelares, disputas corporativas y procesos financieros distribuidos entre varias jurisdicciones. Los abogados seguían negociando. Los bancos seguían revisando operaciones antiguas de estructuras relacionadas con Pdvsa.
Cada vez que fiscales, especialistas financieros o abogados parecían acercarse a una reconstrucción más amplia del sistema, las estructuras involucradas habían cambiado de jurisdicción, de intermediarios o de arquitectura corporativa. Algunas compañías desaparecían; otras reaparecían bajo nombres distintos. Las relaciones no se rompían necesariamente; se redistribuían.
Los discos duros extraídos de Aruba seguían funcionando como una especie de archivo involuntario de esa transformación.
Años después de haber salido de una maleta entregada a investigadores privados, los registros todavía permitían reconstruir fragmentos de conversaciones internas, movimientos financieros y relaciones operativas alrededor de Pdvsa que seguían teniendo consecuencias en bancos, cortes y fiscalías distribuidas entre varios países. El poder del expediente provenía precisamente de eso: las pruebas no desaparecían al mismo ritmo con que las estructuras financieras intentaban reorganizarse.
Demasiados actores seguían necesitando resultados distintos. Algunos querían recuperar activos; otros, limitar daños patrimoniales. Un tercer grupo buscaba preservar la legitimidad jurídica, mientras otros intentaban impedir que determinadas conexiones aparecieran juntas dentro del mismo mapa financiero. Y mientras todas esas estrategias chocaban entre sí, el expediente continuaba desplazándose entre cortes, bancos, fiscalías y estructuras privadas sin producir todavía una reconstrucción definitiva capaz de sobrevivir intacta a todas las presiones políticas, financieras y corporativas acumuladas alrededor del caso.
La pregunta ya no era qué había ocurrido alrededor de Helsinge; era quién estaba dispuesto a permitir que el caso avanzara hasta conectar dinero, traders, operadores, estructuras políticas y mecanismos financieros que durante años habían sobrevivido precisamente gracias a permanecer separados entre sí. Y, aun así, las pruebas seguían allí.
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Se eliminó, de la futura norma que regirá el sector petrolero del país, el privilegio que reconocía al Estado poderes para rescindir contratos con firmas extranjeras
Venezuela eliminó de su propuesta de normativa petrolera una cláusula que permitía al Estado rescindir contratos con compañías extranjeras bajo el argumento de "interés público", con indemnizaciones por debajo del valor de mercado.
De acuerdo con Bloomberg, la modificación busca hacer más atractivo el marco legal para la inversión extranjera en el sector energético, en medio de intentos del país por reactivar su industria petrolera tras años de sanciones y caída de la producción.
Según el medio, el borrador inicial había generado fuertes críticas por parte de las compañías energéticas, que consideraban que otorgaba un poder excesivo a Caracas en la administración de los hidrocarburos.
Ese diseño regulatorio se convirtió en uno de los principales obstáculos para el avance de negociaciones con empresas interesadas en operar en el país, se apuntó.
La revisión del documento, de unas 90 páginas, fue interpretada como una concesión importante hacia las petroleras, aunque el nuevo marco sigue siendo considerado complejo.
Empresas como Chevron y otras firmas del sector mantienen conversaciones preliminares para ampliar su participación en proyectos de producción, pero persisten dudas sobre la estabilidad política, las sanciones internacionales y condiciones contractuales.
Esperan una solución
De acuerdo con fuentes del sector, las compañías esperan que las diferencias entre los contratos propuestos y las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se resuelvan mediante negociaciones individuales con el gobierno venezolano.
Esto incluye aspectos clave como el arbitraje internacional y la legislación aplicable, factores determinantes para la viabilidad de las inversiones.
El nuevo esquema forma parte del intento de reactivar la producción en alianza con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un contexto en el que el país busca atraer capital extranjero pese a las restricciones.
La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha participado en gestiones para facilitar acuerdos con empresas internacionales, mientras el gobierno intenta equilibrar la apertura económica con el control estratégico del sector petrolero. Todo bajo el escenario pautado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.
Vale recordar, que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se hizo con el control de los ingresos petroleros de Venezuela y está "trabajando" con Rodríguez, para animar a las empresas estadounidenses a que ayuden a reconstruir los yacimientos petrolíferos de la nación bajo las licencias del Tesoro.
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El "Venezuela Energy Week 2026" será del 26 al 29 de octubre y reunirá a inversores nacionales e internacionales, con el apoyo oficial del Ministerio de Hidrocarburos y de PDVSA
Venezuela acogerá la mayor cumbre internacional de inversión energética de su historia del 26 al 29 de octubre de 2026 en Caracas, reuniendo a empresas petroleras venezolanas e internacionales, entre ellas estadounidenses, inversionistas, financieros y proveedores de servicios técnicos para impulsar oportunidades de inversión a corto plazo en el sector energético del país, que se encuentra en proceso de reapertura.
Con el respaldo oficial del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y de la empresa estatal petrolera PDVSA, la Venezuela Energy Week 2026 está diseñada para acelerar la inversión de capital en una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo
Venezuela cuenta con más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, las mayores del mundo, y más de 195 billones de pies cúbicos de gas natural. Con una producción actual de aproximadamente 1-1, 1 millones de barriles al día, el Gobierno se ha fijado el objetivo estratégico de recuperar la producción hasta alcanzar los 3 millones de barriles diarios mediante inversiones por fases, la rehabilitación de yacimientos y una mayor participación del sector privado.
Las recientes reformas en materia de hidrocarburos de 2026 están transformando sustancialmente el marco comercial. Entre ellas se incluyen la reducción de la carga fiscal, la ampliación de los mecanismos de distribución de la producción, el refuerzo de las protecciones en materia de arbitraje y un mayor control operativo para los socios extranjeros. Para los inversores internacionales, estos cambios señalan un giro hacia estructuras contractuales más alineadas con los estándares internacionales y una mayor visibilidad en la recuperación del capital.
El caso de inversión se sustenta en la escala, el potencial de rapidez de comercialización y el importante potencial de los yacimientos ya explotados. Las cuencas productoras de Venezuela, en particular la Faja Petrolífera del Orinoco, la Cuenca de Maracaibo y la Cuenca del Este de Venezuela, ofrecen una combinación de megaproyectos sin desarrollar y activos preparados para una recuperación acelerada. Entre las oportunidades prioritarias se incluyen desarrollos a gran escala en todo la Faja del Orinoco, como Junín, Carabobo y Ayacucho; la rehabilitación de yacimientos existentes en la cuenca de Maracaibo; la reactivación de pozos cerrados mediante nuevos programas de perforación; y la infraestructura de mejora y mezcla de crudo pesado para respaldar el crecimiento de las exportaciones.
Paralelamente, la capacidad de refinación infrautilizada y las limitaciones de la infraestructura de transporte y almacenamiento están abriendo oportunidades de inversión a corto plazo en los sistemas de rehabilitación, logística y exportación. La capacidad de refinería de casi 1,3 millones de barriles diarios opera actualmente a una utilización de aproximadamente el 35 %, lo que crea oportunidades inmediatas en la rehabilitación de refinerías, la logística de transporte, el almacenamiento y la expansión de terminales de exportación.
La monetización del gas emerge como un segmento clave de crecimiento, con desarrollos marítimos como los yacimientos Dragon y Cocuina-Manakin que posicionan a Venezuela como un futuro proveedor de los mercados regionales y globales de GNL. La infraestructura asociada a la extracción, el procesamiento y el transporte de gas sigue estando poco desarrollada, lo que ofrece puntos de entrada adicionales para socios técnicos y financieros.
Se estima que la rehabilitación general del sector requerirá hasta 100.000 millones de dólares en inversiones, con una necesidad de aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales durante la próxima década para restaurar la capacidad de producción, modernizar la infraestructura y ampliar las exportaciones.
La Venezuela Energy Week 2026 contará con conferencias de inversión específicas centradas en oportunidades técnicas en el sector upstream, estructuración comercial, integración de infraestructuras y optimización digital, incluyendo la gestión de yacimientos basada en la inteligencia artificial y la modernización de los sistemas energéticos. El programa también incluirá debates sobre el desarrollo de la mano de obra y la participación local en el cambiante sector del petróleo y el gas, con el apoyo de charlas específicas de "Youth in Energy". Esta sección pondrá el foco en el talento emergente, los profesionales que inician su carrera y el liderazgo de la próxima generación en toda la cadena de valor de la energía, con especial atención al desarrollo de competencias, la innovación y la transferencia de conocimientos entre generaciones.
Con la participación de organismos líderes del sector, el evento alineará la experiencia técnica con las estrategias de despliegue de capital, reforzando su posición como puerta de entrada para los inversionistas estadounidenses y de otros países que evalúan su reincorporación al mercado.
El programa concluirá el 29 de octubre con visitas organizadas a activos clave de las fases de exploración y producción (upstream), de refinación y distribución (downstream), lo que ofrecerá a los inversionistas una visión directa de las condiciones operativas y el estado de preparación de los proyectos en las principales regiones productoras de Venezuela.
A medida que los mercados energéticos mundiales se reajustan y la seguridad del suministro sigue siendo una prioridad estratégica, la reapertura de Venezuela presenta una oportunidad de gran impacto para los inversionistas que se mueven en un entorno complejo pero cada vez más propicio para la inversión.
La cumbre está organizada por Energy Capital & Power. Para oportunidades de participación
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usando monedas virtuales
El ex vicepresidente del BANDES firmó en 2020 un contrato con el testaferro de Zapatero ahora investigado en España
Investigación
'Caso Zapatero'
Xavier León, el venezolano investigado por desviar hasta 16.900 millones de dólares del chavismo usando monedas virtuales
El ex vicepresidente del BANDES firmó en 2020 un contrato con el testaferro de Zapatero ahora investigado en España
Xavier León
Actualizado: 03/06/2026 05:55
Xavier León Anchustegui acumuló durante años cargos de alto rango en la arquitectura económica del chavismo: viceministro de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), gobernador alterno ante el Banco Mundial. Hoy está detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como presunto integrante de la mayor trama de corrupción investigada en Venezuela en dos décadas, el llamado caso PDVSA-Cripto, en el que Transparencia Venezuela cifra el dinero desaparecido en hasta 16.900 millones de dólares.
En este contexto, un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 le conecta, además, con Julio Martínez Martínez, identificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española como el principal testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Ese acuerdo intervenido a Julito Martínez es entre el banco público venezolano y Landside Holding LTD, una sociedad suya domiciliada en Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas. León Anchustegui aparece como vicepresidente ejecutivo de BANDES. Julio Martínez Martínez figura como presidente de Landside.
El objeto del mandato era la recuperación de fondos que BANDES había depositado en paraísos fiscales a través de Noor Capital PSC, una gestora financiera con sede en Abu Dabi. Todo ello al amparo de un Portfolio Management Agreement suscrito el 15 de septiembre de 2017.
A cambio, el contrato garantizaba a Martínez una comisión del «8,75% de los fondos recuperados durante las negociaciones», según recoge literalmente el documento.
El mandato otorgaba a Landside Holding «pleno poder notarial para actuar en su nombre» y la facultad de subcontratar a «consultores, abogados o auditores» según estimase oportuno. Una cláusula de exclusividad blindaba además la posición de Martínez durante seis meses desde la firma.
Trama PDVSA-Cripto
El caso PDVSA-Cripto investiga el mecanismo por el que Venezuela comenzó a intercambiar petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, una arquitectura financiera diseñada para sortear las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
Según la acusación, «las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles».
La Fiscalía venezolana cifra el desfalco en 5.550 millones de dólares. Transparencia Venezuela eleva esa estimación hasta los 16.900 millones. La horquilla entre ambas cifras es, por sí sola, un retrato de la opacidad que rodea el proceso.
El juicio, que arrancó en abril de 2026 en el último piso del Palacio de Justicia de Caracas bajo estricta vigilancia y cerrado al público, tiene 64 imputados.
En el banquillo figura Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, quien llegó a la primera audiencia en silla de ruedas, visiblemente más delgado, con el uniforme azul celeste de los prisioneros.
El juicio ha deparado escenas que habrían parecido inverosímiles hace apenas tres años. El Aissami, quien llegó a ser el segundo hombre más poderoso del chavismo, ha declarado ante el tribunal que fue víctima de torturas y extorsión por parte de fiscales del Ministerio Público.
Según fuentes judiciales, El Aissami aseguró que el entonces fiscal general Tarek William Saab «fue a su celda a burlarse de sus condiciones» y que en una ocasión le dijo: «Estás muerto. Hoy te odia todo el país, pero yo voy a encargarme de que te odie todo el universo». El acusado también declaró haber pasado ocho meses durmiendo en un suelo extremadamente frío bajo un reflector encendido de forma permanente.
El fiscal Eddie Rodríguez, a quien el acusado señaló por acudir a su celda para exigirle que grabara un vídeo confesando delitos, ha sido apartado temporalmente del caso.
La defensa, por su parte, ha solicitado la libertad condicional alegando que su cliente arrastra una hernia en la columna y un trombo en una pierna como secuelas de las condiciones de su detención. El propio El Aissami, según recogió El País, ha exigido sesiones públicas con un argumento que encierra una ironía difícil de ignorar: «Si este es el robo más grande de la historia, debe ser el juicio más transparente».
Más imputados
Junto a él están el ex ministro de Finanzas Simón Zerpa, el ex diputado Hugbel Roa y el ex superintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez. Los cargos incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
León Anchustegui ha sido detenido por sus presuntos vínculos con esa red. El SEBIN lo arrestó junto a otros tres ex altos cargos: Oswaldo Pérez Cueva, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA; Juan Santana, ex viceministro de Gas; y Erick Jacinto Pérez Rodríguez, ex viceministro de Hidrocarburos.
El vínculo español
La detención de León Anchustegui en Venezuela ha adquirido una dimensión inesperada a raíz del contrato de 2020. Ese documento lo sitúa como la contraparte venezolana de Julio Martínez Martínez, cuya sociedad offshore Landside Holding Ltd. recibió amplios poderes para negociar en nombre de un banco público chavista la recuperación de fondos depositados en Abu Dabi.
Hay un dato que los investigadores españoles consideran especialmente significativo: el mandato fue firmado dos días después de que la aerolínea Plus Ultra suscribiera un acuerdo de pago con un órgano chavista clave: el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).
El ex vicepresidente de un banco chavista, hoy entre rejas en Caracas, y el presunto testaferro de un expresidente español, hoy investigado en Madrid, comparten un folio mecanografiado fechado en diciembre de 2020. A veces, la mejor caja fuerte resulta ser el archivo judicial.
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El mercado vuelve a ver valor donde durante años solo vio riesgo
Hace algo más de cuatro meses, los directivos de las grandes cotizadas españolas con presencia en Venezuela se despertaron con una noticia que llevaban años esperando y para la que, en el fondo, no estaban del todo preparados: Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses. El tablero había cambiado. La pregunta, desde entonces, es si el giro es tan profundo como para convertir décadas de pérdidas en una oportunidad real de negocio.
EL PUNTO DE PARTIDA: AÑOS DE DESGASTE ACUMULADO
No había épica posible en los balances. Venezuela llevaba años siendo un problema enquistado en las cuentas de las grandes cotizadas españolas: un mercado demasiado grande para ignorarlo, demasiado inestable para monetizarlo y demasiado incierto para valorarlo con normalidad.
BBVA llevaba más de una década preservando en el país un negocio cada vez menos rentable, erosionado por la devaluación, el control de capitales y las restricciones regulatorias. Repsol acumulaba miles de millones comprometidos entre créditos pendientes, facturas impagadas y provisiones sobre activos deteriorados. Telefónica, por su parte, había decidido salir del país, dispuesta a vender su filial venezolana como quien liquida un activo incómodo para limpiar balance.
Ese era el punto de partida a comienzos de enero de 2026. No el de una oportunidad, sino el de tres compañías atrapadas en una misma lógica: seguir en Venezuela era caro, salir tampoco salía gratis.
REPSOL: DEL AGUJERO CONTABLE AL GIRO OPERATIVO
El cambio más profundo en Venezuela no lo ha protagonizado BBVA, sino Repsol. Y no solo porque el mercado vuelva a mirar sus cuentas con menos recelo, sino porque por primera vez en años el giro ya no es solo contable: también es operativo.
La petrolera cifra en 4.550 millones de euros su exposición recuperable en Venezuela, entre créditos pendientes con PDVSA, facturas impagadas y provisiones acumuladas sobre activos deteriorados. De esa cifra, 3.587 millones ya están provisionados. Es decir: la compañía ya absorbió buena parte del golpe en balance. Ahora el mercado empieza a valorar cuánto de ese castigo puede deshacer.
Pero el verdadero giro está en otro sitio. La mejora del contexto ya se ha traducido en un acuerdo con Caracas y PDVSA que devuelve a Repsol el control operativo de sus activos, blinda mecanismos de cobro y le permite volver a crecer en el país con una hoja de ruta concreta.
Ese es el punto de inflexión. El nuevo marco no garantiza aún la recuperación de los 4.550 millones pendientes, pero sí protege el cobro de la producción futura, que era el verdadero cuello de botella operativo. El grupo no ha resuelto todavía su pasado en Venezuela, pero ha empezado a ordenar su futuro.
Y ese futuro vuelve a tener volumen. La petrolera prevé elevar un 50% su producción bruta en Venezuela en los próximos doce meses y triplicarla en tres años, según el acuerdo firmado con Caracas y PDVSA. No es todavía una recuperación plena. Pero por primera vez en mucho tiempo, Venezuela vuelve a parecer una palanca de crecimiento y no solo una contingencia contable.
BBVA: EL VALOR DE HABER AGUANTADO
En BBVA el cambio ha sido menos espectacular, pero igual de revelador. El banco ha elevado un 27,7% la valoración de su filial venezolana en el primer trimestre, hasta situarla por encima de los 200 millones de euros. Es la mayor revisión al alza entre todas sus franquicias internacionales en el periodo.
No significa que Venezuela haya dejado de restar. Su exposición al país cerró 2025 con un impacto negativo de 75 millones de euros, de los que 41 millones fueron atribuidos al grupo. En 2024 el impacto rondó los 20 millones; en 2023, unos 10 millones. El negocio sigue penalizado por la divisa y por las restricciones a la repatriación de dividendos. Pero BBVA vuelve a hacer algo que llevaba años sin hacer: asignarle más valor.
Ese es el mensaje. No ha vuelto la rentabilidad, pero sí la opcionalidad. Su presidente, Carlos Torres, ha dejado claro en distintos foros que BBVA no tiene intención de retirarse de Venezuela precisamente ahora que el contexto empieza a cambiar, después de haber resistido lo peor del ciclo. El banco mantiene una cuota cercana al 16% del mercado financiero venezolano y ha empezado a mover ficha. No gana dinero, pero vuelve a justificar estar.
TELEFÓNICA: DE ACTIVO INCÓMODO A ACTIVO NEGOCIABLE
El caso de Telefónica es menos contable y más estratégico. La operadora no ha vendido Venezuela, pero ya no necesita hacerlo a cualquier precio. Y esa diferencia cambia bastante.
Tras cerrar la venta de México, Venezuela quedó como el último gran activo pendiente en la retirada latinoamericana del grupo y también como el más difícil de colocar. No porque no tuviera tamaño, sino porque tenía demasiado riesgo.
Hoy sigue siendo complejo, pero menos invendible. Telefónica gana margen para replantear los tiempos de salida y aspirar a una mejor valoración. En ese escenario, Millicom aparece como el comprador industrial más plausible: ya ha absorbido buena parte del perímetro Hispam y ha puesto Venezuela en el centro de su estrategia de expansión.
De hecho, en la conferencia de resultados del cuarto trimestre, su vicepresidente de Finanzas, Bart Vanhaeren, fue explícito: "¿Cuáles son los mercados importantes que quedan? Venezuela y Perú". No hay operación cerrada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sí hay lógica industrial.
VENEZUELA YA NO COTIZA SOLO COMO RIESGO
La transición política en Venezuela sigue bajo tutela estadounidense, con Delcy Rodríguez al frente de un chavismo más pragmático que reformista y una estabilidad todavía funcional, pero lejos de estar consolidada.
Nada de eso ha desaparecido. BBVA no ha vuelto a ganar dinero, Repsol no ha cobrado aún todo lo pendiente y Telefónica no ha vendido. Pero las tres han dejado de tratar Venezuela solo como un problema. Y en mercado, a veces el primer cambio no está en el negocio. Está en volver a ponerle precio a algo que el mercado llevaba años descontando a cero.
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