61,000 bitcoins están en el centro de una batalla legal de 3.800 millones de libras. Pero el tribunal NO ha decidido quién se quedará con las monedas.
Esa distinción importa tanto para los inversores como para las personas que perdieron dinero.
El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que las reclamaciones de las víctimas del fraude sobre los bitcoins incautados deben regirse por la legislación china, no por la inglesa. La decisión se dio a conocer el 13 de octubre.
Las monedas están vinculadas a un fraude de inversión operado por Zhimin Qian en China entre 2014 y 2017.
Esto es lo que realmente significa el fallo:
• Las víctimas deben demostrar sus derechos de propiedad conforme a la legislación china.
• El fallo NO determina definitivamente quién es el propietario de los bitcoins.
• El proceso judicial continúa y los representantes legales de las víctimas están presentando un recurso.
ANÁLISIS DE QUANTVANTA:
El titular hace que parezca que el Gobierno ha obtenido una ganancia inesperada en bitcoins. La realidad jurídica es más compleja.
Hay tres cuestiones distintas: quién es el propietario legal de las monedas, si el Gobierno puede finalmente quedárselas y si los activos llegarán a venderse alguna vez.
Un fallo sobre la legislación aplicable responde solo a una parte de la primera pregunta. No transfiere automáticamente la propiedad al Gobierno británico, no autoriza una venta ni pone 61,000 BTC en los exchanges.
Para los participantes del mercado, esa distinción es crucial. Tener una gran cantidad de bitcoins incautados no es lo mismo que tener una orden de venta inminente.
Los próximos acontecimientos relevantes son el recurso, las pruebas necesarias para demostrar la propiedad conforme a la legislación china y cualquier decisión futura sobre el destino de los activos.
Hasta que se resuelvan esas cuestiones, considerar este caso como un evento bajista de oferta inmediata iría más allá de lo que demuestran las pruebas.
$BTC
LA PREGUNTA:
Si las víctimas no pueden demostrar que son propietarias de los bitcoins incautados, ¿debería el Gobierno quedarse con los activos o destinarse las ganancias a compensar a quienes perdieron sus ahorros?
#bitcoin #BTC #CryptoRegulation
Esa distinción importa tanto para los inversores como para las personas que perdieron dinero.
El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que las reclamaciones de las víctimas del fraude sobre los bitcoins incautados deben regirse por la legislación china, no por la inglesa. La decisión se dio a conocer el 13 de octubre.
Las monedas están vinculadas a un fraude de inversión operado por Zhimin Qian en China entre 2014 y 2017.
Esto es lo que realmente significa el fallo:
• Las víctimas deben demostrar sus derechos de propiedad conforme a la legislación china.
• El fallo NO determina definitivamente quién es el propietario de los bitcoins.
• El proceso judicial continúa y los representantes legales de las víctimas están presentando un recurso.
ANÁLISIS DE QUANTVANTA:
El titular hace que parezca que el Gobierno ha obtenido una ganancia inesperada en bitcoins. La realidad jurídica es más compleja.
Hay tres cuestiones distintas: quién es el propietario legal de las monedas, si el Gobierno puede finalmente quedárselas y si los activos llegarán a venderse alguna vez.
Un fallo sobre la legislación aplicable responde solo a una parte de la primera pregunta. No transfiere automáticamente la propiedad al Gobierno británico, no autoriza una venta ni pone 61,000 BTC en los exchanges.
Para los participantes del mercado, esa distinción es crucial. Tener una gran cantidad de bitcoins incautados no es lo mismo que tener una orden de venta inminente.
Los próximos acontecimientos relevantes son el recurso, las pruebas necesarias para demostrar la propiedad conforme a la legislación china y cualquier decisión futura sobre el destino de los activos.
Hasta que se resuelvan esas cuestiones, considerar este caso como un evento bajista de oferta inmediata iría más allá de lo que demuestran las pruebas.
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LA PREGUNTA:
Si las víctimas no pueden demostrar que son propietarias de los bitcoins incautados, ¿debería el Gobierno quedarse con los activos o destinarse las ganancias a compensar a quienes perdieron sus ahorros?
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